Un sistema de alícuotas bajas y uniformes solo es creíble si la base es ancha, las reglas son neutrales y el privilegio excepcional se trata como lo que es: un gasto público encubierto.

El mayor activo fiscal de Paraguay no es un impuesto nuevo. Es la arquitectura que ya existe: 10% de IVA, 10% de renta empresarial y 10% de renta personal.

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) no solo grava el consumo final: también alcanza insumos productivos como combustibles, maquinaria y determinados bienes intermedios, encareciendo el transporte, la producción y los precios finales. La propuesta plantea reordenar el ISC, reducir las alícuotas sobre bienes no suntuarios y reservar la mayor carga tributaria para consumos con externalidades negativas o de lujo, buscando ampliar la formalización, la base del IVA y la recaudación sin aumentar la presión sobre la producción.

El Triple 10 no se toca. Esa es la regla de oro del régimen paraguayo y el activo institucional más valioso que el país ha construido en materia fiscal. Mantener el 10% en el Impuesto al Valor Agregado, en el Impuesto a la Renta Empresarial y en el tramo superior del Impuesto a la Renta Personal, y blindarlo por cláusula constitucional con candados constitucionales, no es un gesto simbólico: es un dispositivo de compromiso creíble.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 vuelve a exponer una tensión estructural: un Estado voluminoso en gasto agregado y débil en rendimiento institucional. El documento enviado al Congreso asciende a G. 166,3 billones, unos 25.700 millones de dólares al tipo de cambio presupuestado de G. 6.458 y cerca de 27.000 millones si se toma una cotización más próxima a la del mercado.