El crecimiento futuro de América Latina dependerá no solo de la política o de los precios de las materias primas, sino de un factor menos visible pero igual de decisivo: el costo de capital.

La infraestructura es el esqueleto de cualquier economía que aspire a crecer de manera sostenible. Las carreteras, los puertos, las presas y los canales requieren capital a largo plazo. Requieren una gran cantidad de capital y, sobre todo, capital a un costo razonable.

Cada préstamo que concede un banco, ya sea a un agricultor, a una pequeña empresa o a una familia que compra una vivienda, parte de una pregunta fundamental: ¿cuánto le cuesta al banco obtener fondos? Ese costo influye en la tasa de interés del préstamo, en la disposición del banco a concederlo y en la cantidad de financiación que llega a la economía real.

El ecosistema tecnológico de América Latina avanza a gran velocidad. Las startups persiguen grandes mercados, se adaptan rápidamente e introducen nuevos modelos de negocio en la vida cotidiana. Sin embargo, el principal obstáculo no siempre es el diseño del producto o la falta de talento. En mi trabajo de evaluación de valoraciones, riesgos y estructuras de capital en startups y scale-ups de la región, me encuentro constantemente con la misma barrera estructural: un elevado costo promedio ponderado del capital (WACC).

Los líderes centroamericanos hablan constantemente de integración: reforma comercial y aduanera, además de logística e infraestructura. Pero el próximo avance concreto de la región podría provenir de algo más discreto: la reducción del costo del capital mediante la armonización de las normas y procedimientos que determinan los costos de endeudamiento público y la forma en que los mercados evalúan el riesgo regional.