Como Nación enfrentamos el desafío de modernizar nuestro sector eléctrico para maximizar los beneficios de nuestro potencial energético. La desregulación del mercado eléctrico, que implica pasar de un modelo estatal centralizado a uno competitivo con participación privada, podría ser un paso crucial para mejorar la eficiencia, atraer inversiones y satisfacer la creciente demanda. Sin embargo, esta transición no es sencilla y requiere una planificación meticulosa.

Paraguay, bendecido con una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, enfrenta un dilema crucial: cómo modernizar su sector eléctrico para satisfacer una demanda que crece a un ritmo vertiginoso —18,4% solo en 2024, según la ANDE— sin sacrificar su soberanía energética ni encarecer un recurso que es orgullo nacional.

El Impacto en la deuda pública alcanzó USD 18,330 millones (40.7% del PIB, USD 45,000 millones), con una deuda externa de USD 12,470 millones (27.7% del PIB). Un sistema de AFP podría movilizar ahorros internos, reduciendo la dependencia de préstamos externos. La fuerza laboral formal de Paraguay comprende 1.18 millones de trabajadores, con un salario promedio mensual de USD 413. Un aporte del 10% (USD 41.3 por trabajador) generaría USD 584.9 millones anuales (1.18 millones × USD 41.3 × 12).

El Funcionamiento de las AFP que son instituciones financieras privadas que gestionan fondos de pensiones bajo un esquema de capitalización individual y a diferencia del sistema de reparto del Instituto de Previsión Social (IPS), donde los aportes de trabajadores activos financian las pensiones actuales, las AFP operan de la siguiente manera, los aportes de cada trabajador que abona un porcentaje de su salario (típicamente 10-15%, como en Chile: 10% o 13% en Perú) a una cuenta individual.

Paraguay enfrenta un desafío estructural que limita su desarrollo económico y social: la alta informalidad laboral. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca del 70% de los trabajadores paraguayos operan en la economía informal, sin acceso a seguridad social, contratos formales ni beneficios laborales. Esta situación no solo perpetúa la precariedad, sino que también debilita la sostenibilidad del sistema de pensiones, un pilar clave para garantizar la estabilidad económica de los ciudadanos en su vejez.