La experiencia trasandina demuestra que la solvencia macroeconómica depende de mecanismos que desvíen la discrecionalidad política. Mediante comités técnicos y fondos de reserva, Chile consolidó un sistema resiliente que hoy puede servir de hoja de ruta para el blindaje paraguayo.

En esta tercera entrega de la serie “Candados constitucionales para la estabilidad fiscal en Paraguay”, analizamos un caso que ha marcado un antes y un después en América Latina: la Constitución chilena de 1980.

Paraguay cerró el ejercicio 2025 con un déficit fiscal oficial del 2,0% del PIB, según el Informe de Situación Financiera de la Administración Central (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se trata de G. 7.480 mil millones, equivalentes a USD 1.047 millones, el mejor resultado desde 2019 y una mejora respecto al 2,5% registrado en 2024.

El Tratado de Itaipú fue firmado el 26 de abril de 1973, en Brasilia con el objetivo de aprovechar los recursos hídricos del río Paraná para la producción de energía eléctrica.

La Constitución Nacional de la República del Paraguay, promulgada el 20 de junio de 1992, representa un hito en la transición democrática tras décadas de autoritarismo. Sin embargo, en materia de gobernanza fiscal, exhibe un notable silencio que ha condicionado la trayectoria económica del país.